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El juez federal Nicolau Konkel Junior concedió el 14 de diciembre una decisión en acción civil que obliga la realización de una audiencia para consulta pública antes que sea autorizado el cultivo comercial del maíz transgénico Liberty Link da Bayer en Brasil.

Los autores de la acción judicial son el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la organización civil "Terra de Direitos" (Tierra de Derechos) y la ONG Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa.

Conjuntamente con la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, los autores de la acción habían solicitado formalmente en tres ocasiones la realización de una audiencia pública a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

La CTNBio es el órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene como finalidad asesorar al gobierno federal con opiniones técnicas concluyentes referentes a la comercialización de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Las organizaciones recibieron una respuesta contraria, por lo cual decidieron interponer acción judicial.

La defensa alega que la CTNBio está compuesta por reconocidos científicos de diversas áreas, lo que significaría que la sociedad está debidamente representada.

Dice además que existen diversos estudios científicos y que no hay recursos financieros para organizar la audiencia pública.

Sin embargo, el juez Konkel considera "que la audiencia pública es el real instrumento de información al público, pues invita a la comunidad a manifestarse sobre cuestiones sociales y ambientales que le interesan directamente, como es el caso que está sobre la mesa".

El juez resaltó que la liberación de los OGM "generó gran polémica en la sociedad, debido a los posibles problemas de su cultivo relacionados tanto con el medio ambiente, como con los derechos de los consumidores".

Además mencionó las incertidumbres científicas alrededor del tema, afirmando que "la duda científica, expresada con razonables argumentos, no dispensa la prevención".

Finalmente el juez Konkel afirmó: "Por más que el acusado busque justificar su actitud usando el argumento de que la Comisión está compuesta por expertos de diversas áreas del conocimiento, no es una justificación suficiente que demerite la importancia de la participación popular, en la medida en que se trata de un tema de interés general de toda la población, y no solamente de algunas personas específicas, elegidas por listas triples, y no por votación popular.

La acción urge la realización de dicha audiencia pública, so pena de pago de una multa diaria de R$ 1.000,00 (aproximadamente USD 470,00).