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  • Polémica en Costa Rica por estudios en humanos

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[SAN JOSE] El primer estudio clínico en humanos que se desarrolla en Costa Rica para determinar la eficacia de una vacuna ha generado protestas por parte de sectores políticos, ante el desconocimiento existente en torno al tema de la ética de estas investigaciones.

La tercera etapa del denominado Proyecto Epidemiológico Guanacaste (PEG), que pretende probar la eficacia de una vacuna — desarrollada para este estudio por la empresa GlaxoSmithKline Biologics — contra los Virus de Papiloma Humano (VPH) de los tipos 16 y 18 — los cuales causan el cáncer de cuello del útero — involucra la participación de unas 20.000 mujeres, a quienes se les administrará, de manera aleatoria, una dosis de la vacuna de prueba y una dosis de la vacuna contra la hepatitis A.

Esta etapa inició semanas atrás con visitas de técnicos contratados por el PEG, quienes invitan a las mujeres a participar en una serie de sesiones de seguimiento, luego de que les explican con detalle los alcances de la investigación. La participación en el estudio es totalmente voluntaria.

Tras el inicio de esta fase, algunos sectores políticos han lanzado cuestionamientos, principalmente por el temor que genera el supuesto de que las participantes puedan resultar afectadas con la vacunación, que ha contado hasta ahora con el apoyo de la Universidad de Costa Rica y del Ministerio de Salud.

El diputado de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de Costa Rica, Humberto Arce, hizo públicas desde hace varias semanas supuestas irregularidades en el PEG, basado sobre todo en la presunta vinculación de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con el Proyecto, y en la posibilidad de que las pacientes no sean cubiertas por seguros médicos ante cualquier eventualidad. Esta vinculación es cuestionada por los diputados pues consideran que la CCSS no debe involucrarse en un estudio de carácter privado.

Arce actúa en representación del Partido Acción Ciudadana, la tercera fuerza política de importancia en el país, y a él se han sumado representantes de al menos otro partido minoritario.

"El tema de la experimentación radica desde 1976, y hasta el momento no ha habido verdadera voluntad política para ponerle freno, pues hay un negocio muy grande de intereses económicos y un juego político muy poderoso," criticó Arce mediante un extenso documento, en el cual cuestionó el hecho de que una empresa farmacéutica privada haya desarrollado la vacuna que se utiliza en el proyecto, financiado por el Instituto Nacional contra el Cáncer, de los Estados Unidos.

Ante esos cuestionamientos, el doctor Rolando Herrero, investigador principal del proyecto, ha defendido no sólo la legalidad del PEG, sino también el hecho de que las mujeres participantes cuentan con las debidas pólizas de responsabilidad civil, que las protegen ante cualquier eventualidad.

Según ha afirmado Herrero en varios documentos enviados como respuesta a los cuestionamientos, a los cuales tuvo acceso SciDev.Net, "el proyecto se apega a todas las normas científicas y éticas, y hasta fue calificado como un hito en la lucha contra este mal por la Organización Panamericana de la Salud".

Precisamente, la mayoría de los cuestionamientos han sido enfocados hacia aspectos administrativos, en parte por el desconocimiento que existe en el país en torno al tema de las investigaciones clínicas.

El cáncer de cuello del útero afecta anualmente a unas 400.000 mujeres en todo el mundo, con una tasa de mortalidad de alrededor del 50 por ciento. En Costa Rica, particularmente en la norteña provincia de Guanacaste, se han detectado altos niveles de incidencia de este mal. Unas 275 mujeres en promedio mueren al año en Costa Rica por cáncer de cuello uterino.

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