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  • Es tiempo de una acción internacional sobre patentes

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Crece la presión por un mayor cambio en las reglas internacionales de propiedad intelectual que beneficien los intereses de los pobres

Durante los últimos dos años los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), han estado discutiendo, un tanto ácidamente, sobre la llamada 'agenda de desarrollo'. Ésta fue inicialmente propuesta por un grupo de países en desarrollo que consideraban que la postura de la OMPI sobre asuntos relacionados con los derechos de propiedad intelectual (DPI) estaba excesivamente influida por los intereses de los países desarrollados y por poderosas compañías que buscaban fortalecer sus derechos globales de propiedad intelectual.

El mes pasado se produjo un hito significativo en estas discusiones, cuando se acordaron varios nuevos principios importantes que regirán el trabajo de la OMPI. Éstos incluían tomar en cuenta los distintos niveles de desarrollo, preservar un balance entre costos y beneficios al establecer las nuevas reglas de DPI, y la importancia de preservar el 'dominio público' del conocimiento.

Es poco probable que hace algunos años tales discusiones hubieran producido algo útil. Una fuerte legislación y lineamientos pro-comerciales sobre las patentes –tales como aquellos del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que deben aceptar los países que pertenecen o que se están integrando a la Organización Mundial de Comercio- eran promocionados como un componente esencial de los esfuerzos por promover el desarrollo económico, sin considerar si los países eran ricos o pobres.

Pero las regulaciones sobre patentes han probado ser el talón de Aquiles de la globalización. Una serie de casos ampliamente publicitados han resaltado las injusticias sociales que acompañan a la globalización. Éstas van desde la apropiación de conocimiento indígena por parte de compañías multinacionales, hasta la forma en que las patentes permiten a las compañías farmacéuticas poner precios que están fuera del alcance de los pobres a medicinas esenciales.

Todo esto significa que nunca ha sido más fuerte el apoyo público a un cambio en las reglas de DPI. El desafío radica en asegurar que cualquier nueva regla continúe incentivando un flujo constante de innovaciones tecnológicas, al tiempo que la balanza se mueva hacia quien beneficie más explícitamente a los pobres con dicha innovación.

El caso Novartis

En un reciente caso judicial, la compañía farmacéutica suiza Novartis apeló la decisión del gobierno de India de no extender su patente para un tratamiento contra el cáncer llamado Glivec (ver Petition supports India's generic drugs). La compañía argumenta que las significativas mejoras realizadas a la droga justifican extender la vida de su patente, desafiando el artículo de la nueva ley de patentes de la India que se considera responsable del rechazo de su patente.

Novartis sostiene que una fuerte protección de patentes es esencial para fomentar la inversión privada en investigación para nuevas y mejores drogas. Este artículo de la ley –que busca limitar las patentes otorgadas tras cambios marginales a medicinas existentes- no cumple con el acuerdo del ADPIC, dice la compañía.

Los críticos, incluyendo organizaciones no gubernamentales indias e internacionales, argumentan que si las cortes acatan las demandas de la compañía, será más difícil para las empresas indias producir versiones genéricas más baratas de drogas que ya existen y que son empleadas en el mundo en desarrollo para tratar enfermedades como la malaria y el VIH/SIDA.

Es un caso apremiante, a lo que contribuye aún más el retiro de un informe de un comité independiente encargado por el gobierno de la India, y que fue inicialmente utilizado por Novartis para respaldar sus argumentos. Posteriormente se reveló que las partes críticas fueron tomadas casi palabra por palabra de un estudio parcialmente financiado por la industria farmacéutica (ver India 'needs independent ethics body' says watchdog).

Un cambio en la marea

Incluso en los Estados Unidos algunas decisiones judiciales recientes se han inclinado hacia el interés público. Informes de 2002 de la Comisión del Reino Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual y de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud también han contribuido a cambiar la opinión a favor de un enfoque más equilibrado de la propiedad intelectual, que tome en cuenta las necesidades de las personas pobres en los países en desarrollo.

Pero la industria farmacéutica no se va a rendir fácilmente. Con la cifra de nuevas drogas en continua caída, la presión apunta a exprimir las utilidades de las drogas existentes. Esto significa continuar resistiendo los cambios en leyes nacionales de patentes que la industria considera inoportunas, tales como aquellas que ilustran el caso Glivec, en la medida en que éstos podrían ser imitados por otros países en desarrollo.

La industria también presiona el fortalecimiento de los derechos de patente existentes, apoyando acuerdos de comercio bilaterales que impongan obligaciones más allá del ADPIC a países en desarrollo, y que, por ejemplo, deroguen la disputada cláusula del acta de patentes de India.

De ahí la fuerza con la cual Novartis ha estado defendiendo su demanda en India, a pesar del daño que esto ha causado a su imagen pública. Batallas similares se están librando en el sector de la agro-biotecnología, donde hay compañías que están resistiendo las demandas que permitan a los campesinos el derecho de usar y vender semillas generadas a partir de cultivos protegidos por patentes.

Reforma de las patentes

Últimamente lo que importa no es la imagen pública y ni siquiera las utilidades de la industria. Lo relevante es si la capacidad industrial global y económica puede abordarse de forma que asegure, entre otras cosas, que los pobres del mundo tengan acceso a las medicinas y alimentos que necesitan, a precios que puedan financiar.

Eso no significa que debiéramos eliminar las patentes, pues sigue siendo apropiado que los responsables de innovaciones significativas sean recompensados por sus esfuerzos. Pero sí requiere un cambio en la forma en que se concibe la legislación de patentes.

Los gobiernos debieran gastar menos tiempo buscando formas de hacer más férrea la legislación que beneficia primariamente a las compañías privadas, y más en crear leyes de DPI que sirvan genuinamente al desarrollo. Dicha legislación debiera tomar completamente en cuenta el contexto en el cual son aplicadas las reglas y las formas en que se distribuyen los beneficios de aplicar DPI a la innovación.

Esa es la razón por la cual los recientes desarrollos en la OMPI son esperanzadores. Otras promisorias propuestas incluyen tratados de investigación médica y desarrollo y acceso a conocimiento, lo que podría reequilibrar el sistema de DPI de manera más fundamental.

Con los asuntos de DPI escalando rápidamente en la agenda política de regiones tales como el África Subsahariana, la principal prioridad de los gobiernos y de los generadores de políticas debiera ser la búsqueda de acuerdo en un tratado factible a favor de los pobres. Esto podría en cierta forma ayudar a restaurar la confianza en la globalización a los ojos de un público crecientemente escéptico.

David Dickson
Director, SciDev.Net

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