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  • Uruguay crea su primera Academia Nacional de Ciencias

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[MONTEVIDEO] El parlamento uruguayo aprobó el 13 de noviembre la creación de la Academia Nacional de Ciencias (ANC), lo que ocurre 406 después de fundada la pionera en Italia, 113 años después de Argentina y 93 después de Brasil.

De hecho, Uruguay era uno de los pocos países de América que no contaba con este tipo de institución.

La ANC “completa la institucionalidad dedicada a la ciencia y la tecnología en Uruguay: aporta una institución que trasciende a las políticas científicas de gobiernos de turno”, dijo a Scidev.Net Rafael Radi, investigador uruguayo, impulsor del proyecto y miembro de las academias de Brasil, Argentina, y de la TWAS, que agrupa a las academias de países en desarrollo.

Aprobada por unanimidad, la ley 18.582 que da origen a la ANC estipula que podrá asesorar e impulsar el desarrollo de las ciencias, trabajar temas de política científica y de estímulo a la investigación científica, tecnológica y de innovación, y realizar actividades de divulgación científica.

Según la ley, la academia estará formada por 30 miembros en tres categorías: de número, correspondientes y eméritos.

Los académicos de número y los correspondientes serán científicos activos, de prestigio y trayectoria internacional, con artículos en publicaciones científicas de nivel.

Los eméritos serán investigadores de trayectoria y prestigio que, por límite de edad, ya no puedan pertenecer a las otras categorías.

Los primeros 15 miembros de número serán seleccionados por una comisión evaluadora formada por miembros de Academias de la región y organizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay.

Radi explicó que serán ellos quienes seleccionarán a los otros 15, para constituir los 30 miembros, así como al Consejo Directivo que la dirigirá, integrado por cinco académicos.

Dijo además que la cifra establecida “está en línea con la de otras Academias de Ciencias, en función del tamaño de Uruguay y su comunidad científica”.

Según la norma, la ANC contará con recursos presupuestales del MEC —aún no definidos— y los que deriven de su actividad de consulta remunerada, entre otros.

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