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  • Transgénicos encienden polémica política en Costa Rica

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La polémica en torno al tema de los transgénicos se encendió hace pocos días en Costa Rica, país que podría ser el primero de Centroamérica en ser declarado libre de cultivos modificados genéticamente, si prospera el proyecto de una docena de organizaciones civiles y políticas que elevarán la discusión a la Asamblea Legislativa.

Entidades ambientalistas, universitarias, sindicales, campesinas, y sociales iniciaron los trámites para que se presente ante la corriente legislativa un proyecto de ley que prohibiría en el país cualquier investigación o comercialización de cultivos artificialmente modificados.

"Esta iniciativa es producto de un proceso de consulta amplio y participativo, basado en la evidencia de que los transgénicos representan múltiples riesgos e impactos negativos sobre la diversidad biológica y cultural, y sobre múltiples factores sociales", señalan las organizaciones en el documento Manifiesto por una Costa Rica libre de cultivos transgénicos.

"No queremos que Costa Rica siga siendo proveedora de semillas transgénicas para otros países, porque no queremos debilitar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades hermanas en el mundo", indica el pronunciamiento, firmado entre otras entidades por la Federación para la Conservación del Ambiente (Fecon), la Asociación de Ecología Social, Sol de Vida, Coeco Ceiba-AT, Mesa Nacional Campesina, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora de Acción Universitaria UCR y Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental.

Costa Rica se considera uno de los países de la región más avanzados en proyectos de biotecnología. Hasta el año pasado, Guanacaste había sembrado 17 hectáreas de soya transgénica y 609 de algodón genéticamente modificado.

El fin de estos cultivos es producir semillas transgénicas para ser sembradas en otros países, y las empresas responsables son Delta & Pine, Semillas del Trópico y Semillas Olson, que trabajan con permisos otorgados por el Departamento de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Comisión Nacional de Bioseguridad.

Las organizaciones firmantes del manifiesto consideran que los transgénicos presentan impactos negativos y riesgos para el ambiente y para la gente, y tienen diversas consecuencias sobre la cadena de la vida, tales como daño a los insectos benéficos, y contaminación de las variedades criollas de cultivos heredados de los antepasados, lo que hace indispensable que prevalezca el principio de precaución.

"Los cultivos y procesos transgénicos son incompatibles con los modelos agro-ecológicos sustentables tales como la agricultura orgánica y la agroforestería, entre otras formas de agricultura sustentable, que tienen efectos sociales muy positivos sobre nuestras comunidades, el ecosistema, la salud y la economía social", señalaron las organizaciones.

Además, exigen que se establezca un marco real de bioseguridad, reconociendo que ella es sinónimo de eliminar los factores que ponen en riesgo a la diversidad biológica y cultural. Dicho marco debe ser acogido y resguardado por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

Finalmente piden que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos no sea aprobado en Costa Rica, ya que incorpora a esta nación al convenio de la Unión de Países con Obtenciones Vegetales (UPOV), el cual va en detrimento de los derechos fundamentales de los agricultores y favorece la apropiación monopólica de las corporaciones sobre el patrimonio genético.

Mientras tanto, en el seno de la Asamblea Legislativa, trascendió a Scidev.net que un grupo de diputados estaría apoyando la tramitación del proyecto de ley, de manera que se restrinja en el país cualquier investigación y desarrollo de productos transgénicos, hasta que se dilucide internacionalmente sus supuestos efectos negativos para el ser humano.

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