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  • Escasean compras públicas sostenibles en Chile y Brasil

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[SANTIAGO] Una mayoría de brasileros y chilenos desean que las compras públicas consideren aspectos sociales y ambientales, pero muy pocos aplican estos criterios a sus propias compras, descubrió un proyecto sobre consumo ético y compras públicas sostenibles en ambos países.

Las conclusiones se basan en estudios sobre consumo y compras sostenibles desarrollados en 2012 por tres universidades y tres ONG de Brasil, Chile y Gran Bretaña en el marco del proyecto Choices. Este busca explorar cómo el poder de compra de individuos y Estados puede usarse para impulsar el desarrollo.

DE UN VISTAZO

  • Más de 80% de brasileños y chilenos piden  compras públicas sostenibles en su país 
  • Pero ninguno de los dos países obliga a sus organismos de compras estatales a priorizar este criterio
  • Expertos proponen especificar los criterios sociales y ambientales en la ley de compras públicas

Según las encuestas, en Brasil solo seis por ciento de los consumidores toman en cuenta aspectos ambientales en sus compras, pero 80 por ciento quiere que el gobierno lo haga. En Chile las cifras son 8,5 por ciento y 86,6 por ciento, respectivamente.

Consultados sobre los criterios sostenibles que el gobierno debería aplicar a sus adquisiciones, los brasileros priorizaron el buen trato animal, la eficiencia energética, los sellos de calidad medioambiental, las buenas condiciones laborales y las relaciones de los proveedores con la comunidad local.

Los chilenos coincidieron con esas prioridades, pero en otro orden.

Según los estudios, los gobiernos brasileño y chileno tienen interés en desarrollar un mercado público más sostenible, lo que han plasmado en directrices que sugieren incluir aspectos ambientales y sociales en las compras públicas.

Pero ninguno de los dos países obliga por ley a los organismos de compras estatales —ChileCompra y ComprasNet, en Brasil— a priorizar productos y servicios ambiental y socialmente sostenibles, señalan.

“En Brasil se hace muy poco comparado con el potencial que tienen las compras públicas sostenibles”, dice a SciDev.Net Florence Laloe, secretaria ejecutiva del secretariado para Sudamérica de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad.

Para lograrlo, dice, las instituciones encargadas de las compras estatales deben regirse por criterios que deban cumplirse e involucrar a todos los organismos gubernamentales.

En Chile, el informe Choices concluye que el principal obstáculo para avanzar es que ChileCompra es solo un intermediario entre oferta y demanda, no quien toma la decisión de compra ni quien determina qué características debe tener el producto adquirido.

El informe propone especificar y definir más claramente los criterios sociales y ambientales en la ley de compras públicas y establecer incentivos u obligaciones que sean adoptados por las instituciones públicas que toman la decisión de compra.

Pablo Prüssing, abogado de ChileCompra, dijo a SciDev.Net que “si bien no hay una norma expresa que obligue a incluir requerimientos sustentables, la administración pública comúnmente incluye este tipo de condiciones en sus contratos”.

Dorothea Kleine, líder del proyecto Choices, señala que excluir a los productores con mal comportamiento social o ambiental los incentiva a cambiar, pero hay que cuidar que las empresas pequeñas puedan cumplir con los requisitos.

Enlace a estudios del Proyecto Choices en Chile y Brasil

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