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  • La maldición de la evidencia basada en la política

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Periodistas y científicos deben cuidarse de políticos que usan la ciencia para legitimar programas políticamente predefinidos de antemano.

En la sesión final de la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos realizada el mes pasado, el asesor científico en jefe, el británico Sir John Beddington, hizo una reveladora confesión.

Contó cómo, cuando fue entrevistado para su cargo, le preguntaron sobre lo que haría si un prominente periodista científico le pidiera comentar sobre una decisión gubernamental que fuera en contra de sus consejos. Su respuesta fue que evitaría la pregunta y así, implícitamente, su respuesta no generaría problemas.

La reacción de Beddington hace énfasis en las presiones políticas que enfrentan incluso los asesores científicos supuestamente neutrales. Un antecesor suyo en su cargo, por ejemplo, ha admitido que fue presionado a retirar un comentario público imprudente según el cual el recorte en el financiamiento público para la investigación agrícola era en parte responsable de la propagación de la enfermedad de las vacas en Reino Unido, a comienzos de los noventa.

Pero la confesión de Beddington también pone de relieve una preocupación creciente entre los científicos y otros sectores (incluidos experimentados funcionarios) de que los esfuerzos dignos de encomio para promover políticas basadas en evidencias a veces son socavadas por los políticos que buscan ‘evidencias basadas en políticas’, es decir investigaciones que pueden ser usadas para justificar acciones motivadas políticamente.

La mala ciencia acarrea malas decisiones

El valor de la política basada en la evidencia es claro. Sólidos resultados científicos, como los que vinculan la actividad humana con el cambio climático, o de qué manera los animales se protegen de los brotes de las enfermedades, pueden ser un punto convincente de la necesidad de acción inmediata.

Por el contrario, la mala ciencia usada para tomar opciones sociales inevitablemente conlleva a malas decisiones. Los movimientos pro eugenesia de los treinta así lo demuestran. Asimismo, los reclamos más recientes de algunos científicos acerca de que el VIH no causa SIDA, una idea que fue apoyada por el ex presidente de Sudáfrica, por ejemplo.

Una razón para mejorar las habilidades de comunicación de la ciencia dentro del mundo en desarrollo es ayudar a las personas que proporcionan información científica a los formuladores de políticas, para asegurar que la información sea sólida (por ejemplo, que ha sido debidamente revisada por los pares). Esto es importante si la información es un asesoramiento científico directo, o proviene indirectamente de los medios de comunicación.

Pero los periodistas científicos y otros comunicadores también deben estar alerta cuando se presenta la situación contraria, en la cual los políticos se refieren selectivamente a investigaciones diseñadas para apoyar una acción predeterminada, que incluso puede haber sido financiada por ellos.

El Parlamento del Reino Unido planteó explícitamente este asunto en un informe de 2006, advirtiendo que los ministros “no deben buscar selectivamente elementos de prueba para apoyar una política ya acordada, ni tampoco ordenar una investigación para producir una justificación a dicha política: la llamada ‘evidencia basada en la política’” (Ver Scientific advice, risk and evidence based policy making[1.5MB]).

Más escepticismo por favor


Los periodistas siempre han sido cautelosos al encontrarse con problemas que puedan surgir cuando hay intereses financieros de por medio. Piense, por ejemplo, en el escepticismo automático que encuentra la investigación financiada por la industria que aduce seguridad sobre productos controversiales, como cigarrillos o comida para bebés.

Debemos aplicar el mismo escepticismo a los políticos que pueden estar usando la ciencia fundamentalmente para legitimar sus acciones, particularmente cuando la investigación citada ha sido pagada, sea directa o indirectamente, por un gobierno cuyas acciones están bajo observación.

También debemos ser escépticos cuando un político echa mano de un científico cercano –quizás un compañero de la universidad—para apoyar una acción en un campo fuera del conocimiento o experiencia profesional del científico. El respeto a la autoridad incluida en el título de “profesor”, no debe significar automáticamente deferencia ni ser excusa para que los periodistas u otros sectores no puedan cuestionar si el científico habla con autoridad basada en una experiencia pertinente.

Lamentablemente, la deferencia con frecuencia parece ser más fuerte en muchos países en desarrollo que en el mundo desarrollado, donde la necesidad de escudriñar la experiencia de los científicos está ganando reconocimiento.

Responsabilidades compartidas

Los científicos tienen la responsabilidad de ayudar a asegurar que sólo se use ciencia válida para informar a quienes formulan políticas. Uno de los roles de las academias científicas, por ejemplo, debería ser vigilar las declaraciones y denuncias del gobierno, tanto públicas como privadas, cuando éstas contienen referencias inapropiadas a la investigación científica.

Los periodistas comparten esta responsabilidad, pero necesitan la ayuda de los científicos. Dada su frecuente falta de conocimientos técnicos y poca familiaridad con los procedimientos científicos para hacer tales juicios, para los periodistas puede ser difícil separar la ciencia apropiada de la inapropiada.

Pero lo que los periodistas pueden hacer es llevar estos casos a la atención pública de manera que los procedimientos democráticos puedan tomar una acción correctiva.

Todos los periodistas científicos deben estar vigilantes contra el peligro de la evidencia basada en políticas. De hecho, todos los profesionales de la comunicación de la ciencia deben estar atentos del peligro y dispuestos a exponerlo.

David Dickson
Director, SciDev.Net

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