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Colombia: decreto sobre minería genera polémica
  • Colombia: decreto sobre minería genera polémica

Crédito de la imagen: Ministerio de Minas y Energía de Colombia

De un vistazo

  • Dispositivo regula procedimiento para entrega de títulos mineros.

  • Requisitos para solicitudes de protección del medio ambiente, principal crítica.

  • Pero gobierno dice que decreto regula procedimientos y permite a empresas dar su opinión

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[BOGOTÁ] Un decreto del gobierno colombiano que regula los procedimientos para llegar a acuerdos entre ministerios y administraciones locales sobre actividades mineras, es criticado por expertos y organizaciones civiles por limitar la participación de los municipios y exigir estudios para los que no hay capacidad financiera ni técnica.
 
La norma, firmada por los Ministros de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura, entró en vigencia el 23 de diciembre 2014. Responde a la solicitud hecha por la Corte Constitucional el 5 de marzo 2014, para llenar el vacío jurídico sobre la instancia oficial que debe ordenar el territorio frente a la industria extractiva.
 
Ese vacío se evidenció cuando la comunidad del municipio de Piedras (departamento del Tolima), ubicado 225 km al occidente de la capital colombiana, se opuso a la exploración y explotación minera a través de una consulta popular en 2013.

En Colombia no hay suficiente información sobre su biodiversidad para hacer estudios de impacto ambiental en tan poco tiempo

Jesús Rangel

 
El decreto guía el proceso para la concertación entre autoridades nacionales y locales. Indica que los concejos municipales y distritales cuentan con 90 días a partir de su publicación para presentar sus solicitudes con los estudios respectivos financiados con recursos propios. Expertos temen que esto pueda revertir la decisión en el municipio de Piedras y favorecer a las grandes empresas  mineras.
 
Carlos Lozano Acosta de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), explica a SciDev.Net “que el nuevo procedimiento contradice la descentralización planteada en la Constitución de 1991 y limita el accionar de los gobiernos locales”.
 
“Les exige estudios de impacto ambiental para los que muchas veces no hay recursos y la última palabra la tiene el gobierno nacional”, agrega.
 
Jesús Rangel, director del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) señala a SciDev.Net que “en Colombia no hay suficiente información sobre su biodiversidad para hacer estudios de impacto ambiental en tan poco tiempo”.
 
No es la primera vez que gobierno y expertos ambientalistas chocan por la legislación concerniente al ordenamiento del territorio. En 2014, un decreto que regula el trámite de licencias ambientales para minería, hidrocarburos e infraestructura fue motivo de polémica.
 
Los ministros de Minas y Ambiente afirmaron al periódico El Espectador, que el decreto no subordina la participación de los municipios, sólo regula el procedimiento e incluye a las empresas para dar su opinión.
 
Y Gabriel Vallejo, Ministro de Ambiente, dijo a RCN Radio que esta reglamentación da a las comunidades la oportunidad de tener criterios adicionales para decidir sobre sus territorios.

Enlace al Decreto 2691 de 2014

Enlace a Sentencia C123/2014

Enlace a Consulta Popular Piedras (Tolima)


Referencias


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