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  • Científicos de Ecuador temen paralización de la ciencia

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Un decreto firmado por el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, para reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) ha generado un vacío legal por lo que se teme que las actividades y desembolsos de los fondos se paralicen.

Esto debido a que el decreto 1.829 quita a la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (Fundacyt) la potestad de unidad ejecutora en la distribución de los fondos, transfiriendo esta tarea a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

Además, se restituyó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre cuyas funciones estará dictar políticas y estrategias nacionales sobre ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, además de aprobar el plan estratégico nacional de investigación científica.

El nuevo secretario nacional de Senacyt, Bernardo Creamer –quien asumió su cargo el 8 de septiembre con la misión de reestructurar el Sistema de CyT– indicó que la decisión apunta a descentralizar la gestión que por 12 años concentró Fundacyt.

El objetivo, dijo, Creamer al diario El Comercio es crear varios organismos ejecutores y especializados, incluyendo "una unidad en incubadora de empresas, otra especializada en reforzar el área de recursos humanos y otra en evaluación de proyectos".

Sin embargo, la reorganización ha provocado incertidumbre entre autoridades y algunos de los 2.000 investigadores cuyos proyectos serían financiados por el SNCT.

De acuerdo con el diario El Universo, el director ejecutivo (e) de Fundacyt, Nelson Rodríguez, señaló que la decisión pondría en riesgo la ejecución de varios proyectos de investigación.

Al respecto, Creamer indicó que el Senacyt se encargará de la asignación de fondos y que "posiblemente habrá una demora de pocas semanas, pero los dineros serán entregados", según señaló a El Comercio.

Los fondos que este año destinará Ecuador a la ejecución de más de 500 proyectos científicos y tecnológicos y a planes de formación de investigadores ascienden a más de US$ 36 millones.

El decreto fue firmado en el 1 de septiembre de 2006 y publicado en el 7 del mismo mes en el Registro Oficial.

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