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  • Venezuela: Falta de apoyo legal causa merma en patentes

[CARACAS] La falta de un marco legal actualizado y la poca inversión privada para explotar invenciones ha generado una merma importante en el número de patentes venezolanas para proyectos científicos, señalan expertos.

Ismardo Bonalde, responsable del Centro Tecnológico del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, explicó a SciDev.Net que entre 2002 y 2010 el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no otorgó patentes a ninguna universidad o instituto de investigación científica nacional, pese a que durante ese período se realizaron más de 50 solicitudes.

Agregó que “Intevep, centro de investigación que funciona como el brazo tecnológico y de investigación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, ha solicitado 48 patentes al SAPI desde 2002. Ninguna ha sido aprobada”.

En un intento por contrarrestar esta situación, centros de investigación como el IVIC han organizado recientemente talleres para explicar a los científicos la situación de las patentes en Venezuela y han tratado de mediar ante los responsables del SAPI en la obtención de las licencias de explotación.

Según Bonalde, la situación actual obliga a los científicos venezolanos a patentar sus invenciones en países con sistemas más desarrollados, como Estados Unidos, Francia o Alemania.

Debido a lo anterior, las ganancias que generan esas patentes contribuyen al Producto Interno Bruto de los países donde fueron registradas, mientras que Venezuela pierde el retorno financiero que generaría su explotación.

Francisco Astudillo, abogado experto en patentes y asesor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, indicó que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2006 generó un vacío legal en el área de patentes que no fue resuelto adecuadamente.

“La CAN tiene un marco legal para patentes y derechos de propiedad intelectual que deben seguir todos sus miembros. Al retirarse de la organización, Venezuela tuvo que volver a utilizar la última versión de la Ley de Propiedad Industrial nacional, que fue aprobada en 1956”, señaló Astudillo a SciDev.Net.

Dicho marco legal “no brinda el soporte adecuado para la ciencia que se produce en pleno siglo XXI. Es una gran deuda que tiene el Gobierno en materia de legislación. Pareciera no ser una prioridad”, agregó.

Astudillo y Bonalde coinciden en que la situación desanima no solo a la comunidad científica, sino también a posibles inversionistas.

“Detrás de cada invención, existe un trabajo de investigación que habitualmente requiere muchísimo dinero”, afirmó Astudillo.

Considerando que Venezuela es un mercado pequeño, y que además no otorga patentes de explotación, “el resultado es una inversión privada pobre para el sector científico nacional y eso, a mediano plazo, genera un retroceso social y económico, porque las sociedades avanzan al mismo ritmo al que se mueve la producción de conocimientos”, concluyó.



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