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  • Ley de Innovación en Brasil: lección para Latinoamérica

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Hoy en día se considera a la innovación como una herramienta esencial para el desarrollo. Otras naciones deberían aprender de los retos políticos que plantea la nueva legislación brasileña.

La semana pasada, los cinco países miembros (y los cinco miembros asociados) del Mercosur acordaron trabajar conjuntamente para incentivar el comercio, crear empleos y reducir la pobreza. De esta forma, dieron un nuevo aliento a una organización creada como el equivalente latinoamericano a la Unión Europea, pero que, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado consolidarse.

La cooperación tecnológica más estrecha y el deseo común de incentivar la innovación tecnológica son los pilares de esta propuesta de integración regional.

En mayo, altas autoridades de ciencia y tecnología y los ministros del Mercosur acordaron el desarrollo de un 'espacio de cooperación' para promover la innovación (ver Países sudamericanos acuerdan integración científica).

Se espera que los países del Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y sus asociados – Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú – creen un programa de ciencia, tecnología e innovación. Eso promovería la creación de vínculos entre empresas privadas e institutos de investigación.

Algunos países ya demostraron un fuerte deseo de avanzar en esa dirección. En mayo, la nueva presidente de Chile, Michelle Bachelet, destacó que la innovación sería una parte importante de su mandato (ver Chile: gobierno creará sistema nacional de innovación). El mes pasado, Uruguay anunció que la innovación científica y tecnológica sería fundamental para la política de desarrollo del país (ver Uruguay: innovación es el motor para el desarrollo).

De las discusiones sobre innovación surge una importante cuestión: ¿cómo obtener una mejor transferencia de conocimiento entre, por un lado, las universidades y los centros de investigación y, por otro, las empresas privadas, donde las actividades de investigación y desarrollo aún son limitadas, especialmente en Latinoamérica? La preocupación es que la mayor parte del conocimiento producido por los institutos de investigación no sale de los estantes y tiene muy poco impacto sobre la sociedad [ver The role of universities in knowledge production (en inglés)].

Un país que trata de cambiar esta situación –cuya experiencia merece ser tenida en cuenta por sus vecinos – es Brasil, que aprobó la que se considera la primera ley nacional de innovación en Latinoamérica. 

Un elemento importante de la nueva ley es la tentativa explícita de incentivar la inclusión social mediante el apoyo a la participación pública en la toma de decisiones, lo que aún es raro en la historia del país. Su elaboración contó con consultas públicas previas, principalmente a través de la publicación en Internet de un borrador de la ley y de la solicitud de comentarios de diferentes segmentos de la sociedad, antes de ser discutida en reuniones públicas. Fue finalmente aprobada en diciembre de 2004 [ver Brazil adopts innovation law (en inglés)] y entró en vigor en octubre del siguiente año.

La ley de innovación presenta tres componentes principales: incentivos a la construcción y al fortalecimiento de asociaciones entre universidades, institutos de investigación y empresas privadas; incentivos para estimular la participación de universidades e institutos de investigación en el proceso de innovación; e incentivos para promover la innovación dentro de las empresas privadas.

Un punto fundamental de la ley es que incentiva a las empresas públicas y privadas a compartir sus grupos de investigación, recursos e infraestructura, incluyendo laboratorios científicos. Anteriormente esto era prohibido con el argumento de que los recursos públicos serían utilizados para subsidiar negocios privados.

En principio, uno de los beneficios de la nueva legislación es que permite que las empresas reciban recursos públicos para los proyectos de innovación. Por ahora, eso no pasa de ser una promesa; el gobierno aún no ha dado detalles sobre cómo se pondrá en práctica.

Las empresas privadas también recibieron con entusiasmo la promesa del gobierno de ofrecer incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo, aunque todavía no sea claro cómo se efectuará.

La nueva legislación aprobada en junio es un paso en la dirección correcta. Crea varios incentivos fiscales que tratan de promover la innovación tecnológica. Particularmente, permite que las empresas deduzcan del impuesto de renta el equivalente a 60 por ciento de cualquier gasto en desarrollo e investigación tecnológica.

De manera similar, si una compañía aumenta el número de sus investigadores en más de 5 por ciento, podrá deducir 80 por ciento del sueldo de los investigadores. Adicionalmente las agencias de financiación podrán responsabilizarse por parte del sueldo de los investigadores con maestría o doctorado que trabajen en las empresas.

Algunos industriales critican al gobierno porque no ha podido destinar los recursos necesarios para poner la ley en práctica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología respondió que una partida extra de US$ 90 millones fue destinada a la innovación en el sector privado – lo que significa la sexta parte del presupuesto anual de los llamados fondos sectoriales del Ministerio en 2006.

Otros interrogantes han surgido con relación a la ley de innovación. Algunos argumentan que, al subsidiar la innovación, el gobierno estaría ayudando a empresas motivadas por la ganancia y no por la necesidad social. Otros dicen que la estrategia del gobierno podría apenas incentivar una relación parasitaria entre los sectores público y privado. O que ella podría minar la independencia de las universidades y de los institutos de investigación, volviéndolos una extensión de las empresas privadas.

Aún es muy temprano para tener una respuesta definitiva a estos interrogantes. Sin duda, la ley todavía tiene que mostrar algún impacto significativo. En la reunión anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, realizada el mes pasado, el ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Sergio Rezende, dijo que el impacto de los nuevos incentivos a la innovación sólo será sentido a mediano plazo. Esto se debe a la necesidad de crear nuevos vínculos entre las empresas y los centros de investigación universitarios.

Rezende destacó que, de acuerdo con la forma en que Brasil ha invertido en ciencia y tecnología durante las últimas cinco décadas, hay una cierta demora en asociar esa inversión a las necesidades de la industria. Esta situación – que Brasil comparte con otros países en desarrollo  – ha colocado el país en desventaja si lo comparamos con otras economías emergentes, como la de Corea.

Cambiar esta situación requiere tiempo. Aunque hay consenso en que la promoción de la innovación tiene un impacto importante en el desarrollo tanto económico como social, la cuestión es compleja. Brasil tuvo el coraje de dar un paso adelante y reconocer que es necesaria la voluntad política para cambiar. Pero eso no es suficiente.

El fortalecimiento de asociaciones entre universidades, institutos de investigación y empresas privadas puede ser importante para incentivar la innovación, pero es preciso que eso ocurra dentro de una cultura de la innovación, lo que requiere un cierto tiempo.

La científica social uruguaya Judith Sutz, resumió muy bien la situación.

"Para incrementar su contribución con el desarrollo a través de la producción y  de la distribución de conocimiento, las universidades en los países en desarrollo necesitan transformarse en 'universidades evolutivas'", escribió el año pasado en un artículo de política científica para SciDev.Net (ver The role of universities in knowledge production).

"Pero, para conseguirlo, otros actores, tales como la industria y el gobierno, también tienen que estar preparados para asumir nuevas responsabilidades. No existe un modelo listo que sirva de referencia para esos cambios; ellos demandan tanto creatividad como voluntad  para participar en un diálogo abierto y sincero, dentro y fuera de las universidades."

Actualmente, Brasil estudia la manera de estimular la innovación a través de la legislación y, en ese proceso, demuestra los desafíos políticos que deben ser enfrentados. Otros países del Mercosur deberían observar atentamente esta experiencia. Se espera que los vínculos más estrechos establecidos a través del Mercosur ayude a otros países a alcanzar la misma meta.

Luisa Massarani

Coordinadora regional para América Latina y el Caribe

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