Por: Arturo Barba
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[CIUDAD DE MÉXICO] La comunidad científica mexicana recibió un fondo extra de 490 millones de pesos (44.5 millones de dólares) en el 2005 por concepto de multas impuestas a los partidos políticos por romper las reglas de campaña en elecciones pasadas, se anunció la semana pasada.
Los fondos provinieron de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE) a los partidos que rompieron las reglas en los años 2000 y 2003, por rebasar los topes de campaña permitidos.
El Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México por 70 años antes de la elección presidencial del 2000, fue el que cubrió la mayor parte de las multas (ver tabla). Rebasó con más de mil millones de pesos (100 millones de dólares) de lo permitido en esa campaña electoral, cuando perdió las elecciones frente al actual presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.
Partido político | Multa (USD$) |
Partido Revolucionario Institucional | 35.5 million |
Partido del Trabajo | 3.5 million |
Convergencia para la Democracia | 3 million |
Partido de la Revolución Democrática | 2 million |
Partido Acción Nacional | 680,000 |
De acuerdo con el presupuesto federal, anunciado en diciembre, las multas podrían mantenerse durante este año, por lo cual, de ocurrir irregularidades electorales en las elecciones presidenciales de julio próximo, podrían obtenerse fondos adicionales para la ciencia mexicana.
“Estos fondos se aplicarán exclusivamente al apoyo de proyectos de investigación científica en el país, y podrían incrementarse durante la campaña presidencial donde los partidos gastarán cerca de 4 mil 800 millones de pesos (430 millones de dólares)”, dijo Julio Cesar Córdova, presidente de
El dinero se sumará al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el principal organismo de financiamiento a la ciencia en México.
En tanto,
Pero la comunidad científica mexicana ha señalado la falta de transparencia en este programa y la manera cómo se ha aplicado.
El año pasado, muchos de los incentivos fiscales en deducción de impuestos se dirigieron a compañías transnacionales que operan en México pero que no cuentan con laboratorios de investigación en el país.