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  • Controversia en Chile por royalty minero para fondo científico

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[SANTIAGO] El Presidente de Chile Ricardo Lagos propuso recientemente una nueva ley para crear un fondo de investigación, financiado por la industria minera, el cual ha generado intensos debates.

De acuerdo al proyecto de ley enviado por Lagos al Congreso de Chile, las compañías mineras deberían pagar al Estado el 3% de sus ventas de minerales metálicos y el 1% de sus ventas de minerales no metálicos. Lagos ha señalado que esto compensaría al país por la “pérdida” de recursos naturales no renovables.

El gobierno estima que su propuesta permitiría recaudar al menos 100 millones de dólares cada año. La idea es que parte de estos recursos se inviertan en un nuevo fondo de investigación, el Fondo de Innovación para la Competitividad.

Sin embargo, estos planes se han encontrado con una fuerte oposición de críticos del gobierno, quienes aseguran que la propuesta tendría un efecto negativo en la economía chilena, al distorsionar la distribución de recursos, discriminando al sector minero, además de desincentivar nuevas inversiones por parte de empresas privadas.

Entre las voces críticas, se encuentran la Confederación de la Producción y el Comercio (asociación gremial que representa a las principales ramas productivas del país) y el Consejo Minero de Chile, la principal organización que representa a la industria minera local.

Según la ley chilena, los minerales son propiedad del Estado. Sin embargo, después del retorno a la democracia en 1990, los gobiernos incentivaron las inversiones privadas a través de concesiones mineras, lo cual permitió un boom en producción y exportación de minerales durante buena parte de la década de los ´90.

“El Estado no recibe ninguna compensación por la extracción y venta de recursos valiosos que, de acuerdo a la constitución, le pertenecen”, afirma el proyecto de ley enviado por Lagos.

El argumento central del gobierno es que en la actualidad las compañías mineras sacan provecho de manera gratuita de recursos no renovables. El plan para crear un royalty fue concebido entonces como una manera de compensar por el eventual agotamiento de los recursos minerales, llevando un porcentaje de las ventas de las compañías mineras hacia inversiones en ciencia y tecnología.

En su mensaje escrito al Congreso, Lagos señala que tales inversiones son fundamentales debido a que en la actualidad sólo el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile es destinado a investigación y desarrollo, comparado con un promedio de 2,8% en países desarrollados.

La idea es que la distribución del Fondo para la Competitividad sea decidida a través de un proceso competitivo, abierto tanto a institutos de investigación como compañías privadas. El objetivo principal es estimular el rol que cumplen estas empresas dentro de la investigación y desarrollo, en particular en áreas económicas relevantes para Chile, como la minería o la agricultura.

El gobierno también ha propuesto que al menos un 80 por ciento de los recursos del fondo deberían tener un impacto identificable en regiones fuera de la capital de Chile, Santiago, con énfasis en áreas mineras. Además, al menos un 50 por ciento de los dineros deberían ir a compañías o instituciones con base fuera de la capital.

No obstante, para que el fondo pueda ser creado, ambas ramas del Congreso Nacional deben aprobar el proyecto de ley. Para ello, el gobierno de Chile necesita el apoyo al menos parcial de los partidos de oposición de derecha. Sin embargo, en los primeros debates en la Cámara de Diputados y en el Senado, los partidos de oposición rechazaron el proyecto de ley.

El Instituto Libertad y Desarrollo, un think tank cercano a los partidos de oposición, ha señalado que los planes del gobierno crearían un impuesto injusto y distorsionador contra la industria minera, además de inconstitucional, debido a que la ley chilena no admite en general la creación de impuestos con destinos específicos.

Joaquín Lavín, líder de la oposición y candidato presidencial, ha propuesto un proyecto alternativo, que en lugar de un cobro por las ventas se basa en un aumento de las patentes mineras (licencia que deben pagar anualmente las compañías que cuentan con concesiones mineras o derechos de explotación de una mina).

En la actualidad, este cobro es de alrededor de US$4.60 por hectárea, con independencia de si la mina está siendo explotada o no. Lavín asegura que un aumento de las patentes podría permitir una recaudación adicional de 30 a 40 millones de dólares cada año, aunque admite que él preferiría que ese dinero se gaste en programas sociales en lugar de investigación en ciencia y tecnología.

“No me gusta la idea de crear un fondo para la innovación, porque hay mucha gente esperando beneficios sociales y debemos escucharlos”, dijo Lavín.

Fuentes que participaron en la proposición del nuevo fondo por parte del gobierno afirman que está inspirado en la experiencia desarrollada por Dinamarca en años recientes, en particular para el caso de sus reservas de gas.

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