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Legislación mundial en deuda con enfermedades mentales
  • Legislación mundial en deuda con enfermedades mentales

Crédito de la imagen: Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica.

De un vistazo

  • Personas con enfermedades mentales pueden votar libremente en 11% de países de ONU

  • Restricciones al voto aluden a supuesta incapacidad de personas con enfermedades mentales

  • Convenciones internacionales no necesariamente agilizan procesos nacionales

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La gran mayoría de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen deudas pendientes con el reconocimiento de derechos políticos a personas con enfermedades mentales, tales como poder votar.

Dichas enfermedades incluyen una amplia gama de condiciones, tales como depresión, trastornos alimenticios, manías, desórdenes de la personalidad y del sueño, ansiedad, psicosis y autolesiones. Algunos surgen por genética o por la edad, e incluso las situaciones de emergencia humanitaria pueden desencadenar este tipo de desórdenes.

Un artículo de revisión publicado en la Revista Internacional de Psiquiatría analizó la legislación electoral de los 193 países adscritos a la ONU para conocer posibles restricciones hacia personas con enfermedades mentales en el ejercicio del sufragio.

“No hay un verdadero argumento para impedir el voto a personas que tienen desórdenes mentales. En una sociedad democrática, el derecho al voto es la representación más fiel de la inclusión y de ser tratados con equidad”.

Soumitra Pathare, Centro para las Leyes y Políticas de Salud Mental de la India


Únicamente el 11 por ciento permite este derecho sin ningún tipo de restricción, mientras que un 36 por ciento explícitamente prohíbe votar a las personas con alguna enfermedad mental. Por otra parte, 40 por ciento de los países estudiados restringe o prohíbe el derecho al voto en virtud de sentencias o interdicciones judiciales, y el restante 13 por ciento no proporcionó información suficiente o no tenía una legislación clara al respecto.

Según el estudio, la mayor parte de los países de la ONU ha ratificado pactos y convenciones internacionales sobre derechos civiles y de salud mental, pero muchos de ellos aún limitan el voto a personas con enfermedades mentales, fallando en su compromiso. Asimismo, el artículo revela que la privación del voto declina, dependiendo de los países: aquellos con menores ingresos son más restrictivos frente a esta situación.

“Hay una relación de doble vía entre los desórdenes mentales y la pobreza, por lo que una puede empeorar la otra”, dice el psiquiatra Soumitra Pathare, coordinador del Centro para las Leyes y Políticas de Salud Mental de la India y participante en el estudio. Explica que las personas con enfermedades mentales han sido históricamente abandonadas, en parte por la falta de legislación sobre salud mental. Ninguna región está exenta del estigma.

“No hay un verdadero argumento para impedir el voto a personas que tienen desórdenes mentales. En una sociedad democrática, el derecho al voto es la representación más fiel de la inclusión y de ser tratados con equidad. También compromete a los políticos a poner interés a las personas con enfermedades mentales pues ellas también tienen derecho al voto, y por lo tanto se deben diseñar y apoyar programas que las beneficien”, expresa el investigador.
Luis Gabriel Villarreal, representante para las Américas de la organización Inclusión Internacional, comenta que en esta región las problemáticas sociales y la falta de financiamiento para proyectos inclusivos dificultan la integración de personas con enfermedades mentales a la sociedad.

“Cuando las familias de una persona con condición de discapacidad optan por la interdicción, quieren evitar que terceros se aprovechen de su condición para robarles, manipularles o privarles de sus bienes. Sin embargo, esto afecta la mayoría de sus derechos y la oportunidad de desarrollarse y crecer como miembros de la sociedad, por ejemplo, al ejercer su derecho al voto”, agrega Villarreal.

Costa Rica, uno de los países signatarios de los convenios internacionales y que en el momento del estudio restringía el voto de personas con enfermedades mentales por impedimentos legales, recientemente aprobó el proyecto de ley ‘Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad’. Esta ley ordena al Registro Civil incorporar al Registro de Electores a aquellos ciudadanos que hubieren sido excluidos en virtud de una sentencia de interdicción.

“Aproximadamente 900 personas que sufren de alguna enfermedad mental, con este tipo de sentencia ya estarán habilitadas para votar en la próxima elección (2018). En el futuro, una sentencia de interdicción no podrá excluir a un ciudadano del Registro Electoral, pues la citada ley hará operativas normas internacionales sobre derechos humanos”, comenta Héctor Hernández, director general del Registro Electoral de este país.
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