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Los inversionistas nacionales y extranjeros de energías renovables en Nicaragua tendrán tres años más de exoneraciones fiscales, en virtud de una reforma de la Ley de Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables aprobada por la Asamblea Nacional de ese país.
Dicha ley, emitida en 2005, dispensaba por diez años del pago de derechos arancelarios a la importación de maquinaria, equipos y materiales, y de todos los impuestos municipales vigentes durante la construcción de proyectos nuevos o ampliaciones, entre otros.
La Presidencia de la República solicitó con urgencia a la Asamblea Nacional una reforma para ampliar este plazo, que venció el 27 de mayo.
“Esta es una medida que podría revertir la alta tasa de deforestación en Nicaragua, país que tiene que adoptar medidas mucho más sostenibles”.
Bernardo Aguilar, Fundación Neotrópica
El plazo ahora se extiende hasta el 1° de enero de 2018, según el acuerdo aprobado el 2 de junio. En este período, el país determinará “el nuevo régimen que Nicaragua ofrecerá a los inversionistas interesados en invertir o seguir invirtiendo en proyectos de generación de energía con fuente renovable”.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló a medios locales que la enmienda apoyará los esfuerzos del país para abaratar el costo de la energía y proteger el ambiente.
Sin embargo, este cambio no entusiasma al ingeniero Claudio Wheelock, director de la Estación Solar VADSTENA de la Universidad Centroamericana, en Managua, quien considera que la ley es conservadora pues no ha aportado un verdadero cambio al país desde 2005.
Wheelock menciona a SciDev.Net que, con la instalación de la planta solar fotovoltaica de La Trinidad, Diriamba, de 1.38 MW, a inicios del 2013, se esperaba que Nicaragua promoviera intensamente la generación fotovoltaica. Sin embargo, hoy no existe aún el marco legal para la generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos en los hogares.
“Creo que hay más posibilidades de desarrollo en las pequeñas centrales hidroeléctricas, que no requieren mucha infraestructura de obras civiles ni de líneas de transmisión eléctrica, porque proveen energía a comunidades rurales cercanas”, agrega.
Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, basada en Costa Rica, considera que la ampliación del plazo de los incentivos debería ser atractiva para los inversionistas, pues aunque Nicaragua tiene un sector creciente de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, la generación energética aún depende mucho de combustibles fósiles.
“La era del petróleo ya acabó. Los países buscan transferirse a otras fuentes de energía que cumplan las demandas mundiales y retos ambientales. Esta es una medida que podría revertir la alta tasa de deforestación en Nicaragua, país que tiene que adoptar medidas mucho más sostenibles”, indica a SciDev.Net.
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