Por: Fabíola Ortiz
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[RÍO DE JANEIRO] De 73.000 concesiones forestales otorgadas a emprendimientos mineros, petrolíferos, madereros y agrícolas en ocho países tropicales de América Latina, Ásia y África, 93 por ciento no respetó los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas.
Así lo revela un estudio, presentado el 30 de octubre, realizado por Munden Project, a pedido de Rights and Resources Initiative (RRI), coalición mundial de 150 organizaciones internacionales y comunitarias.
El documento alerta sobre la alarmante cantidad de tierras entregadas por los gobiernos al sector privado en Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Liberia, Mozambique, Perú y Filipinas. Sólo en Perú, estas concesiones representan 40 por ciento del área total del país. En Liberia, 35 por ciento y, en Indonesia, 30 por ciento.
“Las empresas no tratan a las comunidades de forma igualitaria, tampoco realizan consultas previas libres e informadas. De los 100 conflictos que analizamos, 67 ocurrieron al inicio de los emprendimientos”, dice a SciDev.Net Leonardo Pradela, uno de los autores del estudio.
“Muchas veces el propio gobierno que otorgó los títulos a las comunidades, ignora esos derechos”
Peter Cronkleton
Los investigadores evaluaron el costo real de la extracción de recursos naturales, su potencial de generación de conflictos ambientales y sociales y cuánta cobertura forestal se pierde en las áreas de concesión.
“Los mayores daños provienen del sector minero. Muchos proyectos bajo concesión han desforestado cinco veces más que en áreas administradas por las comunidades. En Brasil, esta proporción es de siete veces”, comenta.
"Actualmente tenemos recursos tecnológicos que nos permiten saber mucho más sobre la dinámica de los bosques en tiempo real que hace 15 años”, añade Pradela, quien es analista en administración pública para ciencia y política ambiental de la Universidad de Columbia, EE.UU.
En la última década, América Latina ha basado su desarrollo económico en la extracción de recursos naturales para minería y combustibles fósiles, y en la tala de bosques para ampliar la producción agrícola.
Para Peter Cronkleton, científico principal del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), la sostenibilidad de este modelo de desarrollo es cuestionable, pues las concesiones forestales son entregadas por los gobiernos sin consultar a las poblaciones.
“Muchas veces el propio gobierno que otorgó los títulos a las comunidades, ignora esos derechos. Separan los derechos del subsuelo y lo entregan a otros actores, sin informar a la gente que vive allí, como si fueran áreas deshabitadas”, señala.
“Es muy relevante demostrar la gravedad del problema, pues los bosques son el sustento de millones de familias que no tienen sus derechos reconocidos”, indica a SciDev.Net.
Las áreas forestales en Latinoamérica totalizan 940 millones de hectáreas (alrededor del 20 por ciento de la región), equivalente a la mitad de todos los bosques tropicales del mundo. Pero las comunidades locales y tradicionales, que suman 45 millones en la región, controlan menos del 40 por ciento del territorio forestal.
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