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  • Informe cuestiona minería extractiva en América Latina

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[BOGOTÁ] En Colombia, Guatemala, Panamá y Perú las leyes se interpretan en beneficio de los inversores en industrias extractivas y en detrimento del medio ambiente y de las poblaciones locales, dice un estudio presentado (21 de marzo) en Bogotá, Colombia.

El estudio destaca la creciente tendencia de atraer inversores extranjeros para extraer recursos minerales en Latinoamérica, y el aumento en la exportación de recursos no renovables como oro, plata, petróleo y gas natural por parte de los propios Estados.

Así, entre 2000 y 2010, 13 países latinoamericanos estuvieron entre los 15 mayores productores mundiales de minerales. Destacan Chile (cobre), México (plata, molibdeno y plomo en mina), Bolivia (estaño y plata), Colombia (níquel refinado) y Cuba (níquel en mina).

DE UN VISTAZO

  • En Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, la industria minera extractiva genera pérdida de calidad de vida y salud de la población
  • Las poblaciones más afectadas son indígenas y afroamericanas
  • Las comunidades deben estar debidamente informadas antes a la aprobación de las concesiones extractivas, dicen los autores
Presentado en el marco de los Diálogos de RRI (Iniciativa para los Derechos y Recursos) sobre Bosques, Gobernanza y Cambio Climático, el estudio destaca que en los cuatro países analizados la industria minera extractiva genera pérdida de calidad de vida y salud a las poblaciones debido al desplazamiento forzado, la deforestación, el surgimiento de ejércitos armados paraestatales y la menor cantidad y calidad del agua .

También genera pérdida de soberanía alimentaria, compra ilegal de terrenos, debilitamiento de la cohesión interna de las comunidades, prostitución y pérdida de las formas tradicionales de subsistencia.

Entre las causas están el escaso número de funcionarios con capacidad técnica, y la falta de información a las poblaciones afectadas, principalmente indígenas y afrodescendientes.

Hay reglas pero no hay política pública, ni quien la haga cumplir, señalaron los participantes.

Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, de Colombia, y coordinadora del estudio, dijo a SciDev.Net que para poder planificar, la información debe llegar a las comunidades antes de empezar los procesos extractivos. “Si no hay un ordenamiento territorial, es inútil cualquier instancia posterior para remediar. Desde el punto de vista ambiental no puedes remediar; tienes que evitar”.

Entre las propuestas del informe, Flórez destaca que “los estudios de impacto ambiental deben complementarse con otras herramientas, como la evaluación ambiental estratégica y los planes de ordenamiento territorial, a fin de integrar las características del entorno previo al impulso de más concesiones en zonas vulnerables o de gran riqueza biológica”.

En esa línea, Constanza Ramírez, coordinadora del Proyecto de Conocimientos Tradicionales, cofinanciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el PNUD y el Fondo GEF, señala que actualmente trabajan con participación de los distintos grupos étnicos y comunidades locales en una política pública para proteger los sistemas de conocimiento tradicional asociados a la biodiversidad.

El proyecto, dice Ramírez a SciDev.Net, “obliga al consentimiento libre, previo e informado y a la distribución equitativa de beneficios obtenidos por la explotación de recursos en las áreas de jurisdicción de las comunidades titulares de estos conocimientos”.

Enlace al informe completo

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