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  • Científicos ayudan a zanjar conflicto Argentina-Uruguay

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[MONTEVIDEO] Tras cuatro años de infructuosos intentos por la vía diplomática tradicional, los gobiernos de Argentina y Uruguay crearon el 30 de agosto una comisión científica para dirimir un conflicto binacional que se inició con la instalación de una planta de celulosa en la margen uruguaya del Río Uruguay, que separa a ambos países.

El comité — integrado por dos científicos de cada país — tendrá como misión monitorear las aguas del río, tomando muestras de los efluentes industriales, agrícolas y urbanos que se viertan en él, empezando donde se ubica la planta.

Los científicos uruguayos son Eduardo Lorenzo, ingeniero hidráulico, y Alberto Nieto, ex decano de la Facultad de Química de la Universidad de la República.

Los argentinos son Guillermo Lyon, ingeniero civil y sanitario y el oceanógrafo Juan Carlos Colombo, empleados del gobierno argentino.

En los próximos meses el comité establecerá el proyecto de monitoreo y diseñará un plan integral para el río.

Periódicamente enviarán sus informes a la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU), encargada del cumplimiento del tratado de 1975 sobre la administración binacional del río.

“Todo lo que el comité científico dé a conocer lo va a conocer la gente, lo vamos a poner en Internet para que la gente lo pueda leer”, aseguró la semana pasada (6 de septiembre) el canciller argentino Héctor Timmerman.

La disputa comenzó en 2006 cuando la empresa finlandesa Botnia (actualmente llamada UPM) comenzó la construcción de una fábrica de celulosa, que fue apoyada por el gobierno uruguayo y la población.

Pero al otro lado del río, en la ciudad argentina de Gualeguaychú, residentes y ambientalistas protestaron porque la instalación podría contaminar y exigieron su reubicación.

El mismo año, después de varios intentos frustrados de llegar a un acuerdo entre ambos gobiernos, la población de Gualeguaychú bloqueó el puente internacional que une a ambos países, situación que duró más de cuatro años, mientras la planta seguía funcionando.

Sin embargo, en 2009, el gobierno uruguayo monitoreó la zona de la planta y no halló contaminantes.

Argentina había reclamado también ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Uruguay violaba un tratado binacional al permitir la instalación de la planta sin consultar primero a la CARU.

Finalmente, en abril pasado la Corte convino que si bien Uruguay no cumplió plenamente con el tratado, la planta no contaminaba y no era necesario trasladarla.

Tras la decisión, los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica, decidieron llegar al actual acuerdo basado en la ciencia.

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