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  • Política climática debe pasar 'prueba de derechos humanos'

Usar un marco de derechos humanos para abordar desafiantes preguntas éticas puede guiar la política climática, dice filósofo político Simon Caney.

La comunidad internacional reconoce que el cambio climático es uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad. Pero mientras los impactos a menudo se enmarcan en términos puramente económicos, las desafiantes interrogantes éticas que genera el cambio climático frecuentemente son pasadas por alto.

Estas interrogantes incluyen preguntas como ¿cuáles deberían ser los objetivos de la política climática y quién debe asumir las cargas del cambio climático? ¿Quién debería incluirse en la toma de decisiones sobre las estrategias de mitigación y adaptación?

Un marco en derechos humanos es una forma valiosa de hacer frente a estos desafíos y tiene implicancias prácticas claras para la ciencia, la tecnología y la innovación.

Un objetivo peligroso

Un marco en derechos humanos brinda lineamientos de tres maneras. Primero, ayuda a especificar las metas de la política climática. El Artículo 2 de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU hace referencia a "peligrosas interferencias antropogénicas". Pero, ¿qué se considera "peligroso"?

Muchos definen el objetivo de la política climática como la que evita un aumento de más de dos grados centígrados en la temperatura promedio mundial comparado con épocas pre-industriales. Pero no es para nada claro, desde un punto de vista científico y ético, por qué este es el objetivo apropiado. Además, el proceso por el cual fue adoptado como objetivo ha sido criticado. [1, 2]  

Un enfoque en derechos humanos ayuda aquí definiendo el cambio climático "peligroso" en términos de los cambios que socavan la capacidad de las personas de disfrutar de los derechos fundamentales a la vida, la alimentación, el agua y la salud. Esto significa que el objetivo de los 2ºC es posible que sea demasiado alto para salvaguardar estos derechos. [3]

Un enfoque en derechos humanos también puede ayudar a guiar la adaptación afirmando que el objetivo de las políticas de adaptación es proteger esos derechos sin comprometer otros.

Compartir la carga

En segundo lugar, un marco en derechos humanos debería informar la manera en que la comunidad internacional aborda la pregunta sobre cómo el planeta debe compartir la carga de combatir el cambio climático.

Es crucial que —sin importar si seguimos el principio "el que contamina paga" (es decir, aquellos que han creado el problema deben pagar) o el principio de "capacidad de pago" (aquellos más ricos deben pagar) — el costo de combatir el cambio climático no debe comprometer los derechos humanos fundamentales de las personas a la alimentación, el agua, la vida y la salud.

Este punto tiene implicancias cuando se comparten los derechos a emitir gases de efecto invernadero. El acceso a la energía debe ser protegido por políticas de mitigación.

También se aplica a políticas que involucran el desarrollo de nuevas fuentes de energía, como los biocomustibles. Por ejemplo, la política de bioetanol de Estados Unidos, la producción brasileña de bioetanol a partir de caña de azúcar, y la producción de biodiesel de aceite de palma en Malasia han sido acusadas, respectivamente, de comprometer el derecho humano a la alimentación, violando los derechos al trabajo, y despojando a las personas de sus tierras tradicionales. [4]

Un marco en derechos humanos tiene una tercera implicancia: las personas tienen derecho a ser informadas y a participar en las políticas climáticas, las cuales tienen un profundo efecto en sus vidas.

Implicancias prácticas

Además de brindar lineamientos sobre cómo afrontar los desafíos generados por el cambio climático, un marco de derechos humanos tiene tres importantes implicancias prácticas, especialmente para la política de ciencia y tecnología (CyT).

Primero, explica por qué la transferencia de tecnología extensiva desde los ricos a los menos favorecidos para permitirles adaptarse al cambio climático es una cuestión de justicia; y por qué los ricos deben asumir esos costos. Además, aquellos que se han desarrollado a través de la industrialización le deben a los menos favorecidos al menos la tecnología necesaria para desarrollarse de manera que no aumenten el cambio climático.

En segundo lugar, aunque la humanidad necesita moverse hacia una economía de baja emisión de carbono, las nuevas fuentes de energía también deberían pasar la prueba de los derechos humanos. Esto puede ser implementado a través de esquemas de certificación que exijan que cualquier nueva fuente de energía cumpla con cinco estándares clave, incluyendo contribuir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y con una distribución equitativa de los costos y beneficios que resultan de las nuevas tecnologías. [4]

En tercer lugar, la política de CyT debería enfocarse en los derechos de los individuos. Es un error centrarse, por ejemplo, simplemente en emisiones de los Estados, que tienden a dejar de lado cuestiones como las desigualdades dentro de ellos mismos. Centrarse en lo que necesitan los individuos, por ejemplo, asegura que los esquemas de certificación usen un criterio de derechos humanos y que la tecnología transferida vaya a los individuos y no a élites irresponsables.

Acción colectiva, impacto colectivo

El cambio climático es el resultado de muchos actores diferentes (mil millones de personas igual que empresas, gobiernos e instituciones internacionales) que actúan sin considerar sus impactos colectivos en el ambiente. Para abordarlo con éxito es necesario lidiar tanto con un problema de acción colectiva, como con la marginalización de las preocupaciones ambientales.

Esto requiere ir más allá de las declaraciones legales. Las instituciones que dan forma a la política energética —desde legislaturas nacionales y organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, hasta órganos de financiación de investigación en nuevas tecnologías— construyen una prueba de derechos humanos en sus procesos de toma de decisiones.

En segundo lugar, requiere que esas instituciones coordinen y cooperen unas con otras para garantizar que las políticas sociales y económicas no se lleven a cabo de modo que destruyan el ambiente. El cambio climático no puede ser simplemente dejado a las agencias ambientales.

En tercer lugar, un marco en derechos humanos exige instituciones políticas responsables que permitan que los afectados evalúen y defiendan sus derechos.

Pero por encima de cualquier cosa, requiere que los tomadores de decisión, -especialmente aquellos en países ricos-, otorguen incentivos para la creación de nuevas fuentes y tecnologías de energía limpia, y para su difusión a aquellos que las necesitan para adaptarse y desarrollarse.

Simon Caney es profesor de Teoría Política en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales, y profesor y tutor de Política en el Colegio Magdalen de la Universidad de Oxford. Es autor de "Cambio climático, derechos humanos y límites morales" y coautor del informe "Biocombustibles: cuestiones éticas", del Consejo Nuffield de Bioética. Simon puede ser contactado a través de simon.caney@magd.ox.ac.uk.

Este artículo es parte del Especial sobre El vínculo entre derechos humanos, ciencia y desarrollo.

Referencias

[1] Tol, R.S.J Europe's Long-Term Climate Target: A Critical Evaluation, Energy Policy 35: 424-432 (2007)

[2] Randalls S History of the 2 °C climate target. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1 no.4: 598-605. (2010)

[3] Rachel Warren (2006) Impacts of Global Climate Change at Different Annual Mean Global Temperature Increases In Schellnhuber, H. J. et al. (eds) Avoiding Dangerous Climate Change (Cambridge University Press, 2006)

[4] Biofuels: Ethical Issues, Nuffield Council on Bioethics (2011)

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