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Faltan ‘salvaguardas de derechos humanos’ en mitigación

Crédito de la imagen: Flickr/Forest Service Southwest

De un vistazo

  • Proyecto de represa en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio genera protestas

  • Pueblos indígenas locales dicen que no se les consultó debidamente antes de la construcción

  • Elaborar orientaciones para los procedimientos dentro del mecanismo podría prevenir problemas en el futuro

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[LIMA] Líderes de grupos indígenas se preguntan si los esquemas de las Naciones Unidas para financiar la tecnologías de mitigación del cambio climático en el hemisferio Sur están haciendo lo suficiente para respetar los derechos humanos.

Durante uno de los eventos paralelos de la Cumbre Climática de la ONU, COP20, la semana pasada, Máximo Ba Tiul, representante del Consejo del Pueblo de Tezulutlán, un grupo indígena de Guatemala, preguntó: “¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos de cambio climático?”.

Su pregunta fue respondida con el silencio del auditorio.

Gran parte de la discusión que siguió a esta observación estuvo referida al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un sistema de compensación establecido para ayudar a los países desarrollados a cumplir sus compromisos climáticos invirtiendo en proyectos que reduzcan las emisiones de carbono en los países en desarrollo.

La construcción de la hidroeléctrica Santa Rita en Guatemala, registrada como un proyecto de MDL, ha seguido adelante sin la consulta adecuada a la gente que vive en el área, con dramáticas consecuencias para los habitantes Mayas, según el Consejo de los Pueblos de Tezulutlán.

“¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático?”

Maximo Ba Tiul,
Consejo de Pueblos de Tezulutlán


El proyecto Santa Rita fue el primero que el Consejo del MDL revisó formalmente. Luego de este proceso, en junio pasado, el Consejo respondió a los representantes indígenas que, luego de una cuidadosa evaluación, consideraba que el proyecto cumplía con todos los requerimientos del MDL.

La represa se ubica en el río Dolores en la región Alta Verapaz de Guatemala, y constituye el único recurso hídrico para 30 comunidades. Según el Consejo de los Pueblos de Tezulutlán y otras ONG que trabajan en el área, las comunidades fueron informadas sobre la construcción en castellano, a pesar de compromisos previos de tratar con ellos en sus idiomas nativos.

No se les informó los objetivos de la construcción o los posibles problemas o beneficios que podría traer. Cuando las comunidades se opusieron, se usó al ejército para reprimir las protestas y se inició la construcción.

Desde 2009, han muerto siete personas, incluyendo a dos niños de 11 y 13 años, debido a los enfrentamientos entre el ejército y quienes se oponen a la represa.

En la COP20 diversas ONG y organizaciones de la sociedad civil han presionado a los estados parte para que tengan más en cuenta los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, cuando tomen decisiones o negocien proyectos de adaptación y/o mitigación climática.

Por ejemplo, David Estrin, copresidente del grupo de trabajo de Justicia y Derechos Humanos en el Cambio Climático de la Asociación Internacional de Abogados, sugiere incorporar una evaluación de derechos humanos en todos los programas de cambio climático.
 
Durante la Conferencia Climática de 2010 en cancún se emitieron siete salvaguardas a tenerse en cuenta antes de comenzar un proyecto climático, con el objetivo general de proteger los derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, algunos grupos como Carbon Market Watch, que entre otras actividades examina los MDL, dice que no hay suficientes salvaguardas de derechos humanos incorporadas dentro de las orientaciones de funcionamiento de este mecanismo.

En la sesión en la que habló Ba Tiul, Hugh Sealy, presidente del Consejo Ejecutivo de los MDL, reconoció que el caso de Santa Rita ha servido para mejorar las salvaguardas en previsión de futuros conflictos.

“Uno de los grandes desafíos de las salvaguardas es [que] sus principios son demasiado generales. Las negociaciones internacionales necesitan tener un lenguaje lo suficientemente amplio para permitir que todos los estados se adhieran a sus orientaciones, pero en la práctica esto es peligroso, porque las orientaciones son tan vagas que se quedan en el papel”, dice a SciDev.Net Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Hablando sobre las salvaguardas de REDD+, otro mecanismo de transacción de carbono, Rony Hansen, asesor político de la Fundación Rainforest de Noruega, señala que “las salvaguardas carecen de detalles, los países en desarrollo no saben cómo honrarlas y muchos no las respetan en el terreno”.

La situación es la misma con los MDL. Sealy admitió que las negociaciones sobre las normas no han progresado en años y es mucho lo que sigue en discusión.

“Las salvaguardas deben cumplir con el derecho internacional y con los derechos humanos, laborales y de los pueblos indígenas”, afirma Andrea Rodríguez, asesora legal del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. “Es crucial una evaluación eficiente de la implementación de las salvaguardas y su constante monitoreo”, añade.

Pero Hansen está desilusionado con el estado actual de las negociaciones. Subraya que los países en desarrollo necesitan más claridad en las salvaguardas, sin embargo otros países, como Brasil y México, “solo quieren cerrar las negociaciones” para evitar que la valla de cumplimiento sea demasiado elevada.


La versión original de este artículo se publicó en la edición global de SciDev.Net.

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