Por: Paula Leighton
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[SANTIAGO] Crear áreas protegidas enfocándose en maximizar los servicios ecosistémicos, más que en minimizar la deforestación, puede ser la clave para reducir los impactos económicos negativos que genera la protección ambiental sobre las comunidades locales, plantean investigadores estadounidenses.
En un artículo publicado en PNAS (15 junio), los autores proponen crear modelos y mapas que consideren un equilibrio entre la conservación de especies y hábitats y el bienestar humano, lo que permitiría generar evidencia científica mucho más relevante para establecer políticas de áreas protegidas efectivas.
Para demostrarlo, analizaron el impacto que tienen sobre el almacenamiento de CO₂ y la pobreza algunas áreas protegidas en Brasil, Costa Rica, Indonesia y Tailandia.
Determinaron que si bien estas no fueron establecidas pensando en conservar CO₂, en conjunto almacenaron al menos mil millones de toneladas métricas adicionales del gas invernadero en el período analizado (entre 2000-2008 en la Amazonía brasileña; hasta 1997 en Costa Rica; entre 1988-2008 en Indonesia y antes de 1985 en Tailandia).
“Al diseñar políticas de conservación no estamos tratando de reducir la deforestación, sino de proteger la diversidad biológica, almacenar CO₂, evitar la erosión y más”.
Paul Ferraro, coautor del estudio
“Eso equivale al CO₂ generado al quemar 466 mil millones de litros de gasolina”, compara Paul Ferraro, investigador de la Universidad Estatal de Georgia (EE.UU.) y coautor del estudio.
En términos económicos, significa haber proporcionado servicios ecosistémicos por al menos US$5 mil millones.
Pero, según el estudio, los impactos sobre el CO₂ de la menor deforestación se asociaron en algunos casos a reducción de la pobreza y en otros, a su exacerbación.
Por ejemplo, proteger de la deforestación terrenos de poca pendiente —altamente valorados en agricultura y silvicultura— puede empobrecer a las poblaciones locales, sin generar necesariamente una conservación significativa de CO₂.
Asimismo, evitar la deforestación en áreas cercanas a centros urbanos puede ayudar a almacenar más CO₂, pero alejar a los campesinos de mercados donde comercializan su producción.
El impacto de las áreas protegidas también varía dependiendo de si se mide la deforestación evitada o el CO₂ almacenado. En Tailandia, por ejemplo, a unos 100 kilómetros de las ciudades se producen los menores impactos sobre deforestación evitada, pero los mayores sobre almacenamiento de CO₂.
Por eso, dice Ferraro a SciDev.Net, al diseñar políticas de conservación se debe tener en mente que “no estamos tratando de reducir la deforestación, sino de proteger la diversidad biológica, almacenar CO₂, evitar la erosión o proporcionar servicios hidrológicos, de polinización, turismo u otros. Reducir la deforestación es un medio para hacerlo, pero no debería ser la meta”.
Marco Otoya, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, concuerda con que este enfoque será más efectivo. Pero aclara que es factible “en países con años de experiencia en protección y conservación, como los analizados, y una institucionalidad ambiental instaurada”.
No obstante, dice a SciDev.Net, “focalizarse en programas para evitar la deforestación es un inicio para países donde esto apenas comienza o bien se está en un proceso de generación de capacidades”.
> Enlace al artículo completo en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (en inglés)
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