Por: Zoraida Portillo
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[LIMA] La moratoria de diez años para el ingreso de organismos genéticamente modificados (OGM), aprobada por el Congreso peruano el mes pasado, ha quedado en suspenso luego que el Poder Ejecutivo la devolvió al Parlamento con algunas observaciones.
El presidente saliente, Alan García, y sus ministros alegan que la moratoria pone en peligro la investigación y cambia las responsabilidades en materia de biotecnología al Ministerio del Ambiente que, afirman, no tiene la experiencia suficiente para abordarlos. Actualmente, esta responsabilidad se divide entre entidades de agricultura, pesquería y salud ambiental.
La ley de moratoria fue aprobada el 7 de junio y la devolución del Ejecutivo implica que puede volver a ser discutida o enmendada, pero también podría ocurrir que los parlamentarios insistan en ella, sin tomar en cuenta las razones del Ejecutivo.
No obstante, a menos que se convoque a una sesión extraordinaria del Congreso en los próximos días, cualquier acción será postergada hasta que el nuevo Congreso asuma sus funciones el 28 de julio, pues el actual ya clausuró su periodo ordinario de sesiones.
Si se aprueba la moratoria, todas las otras leyes y reglamentos que la contradigan quedarán en suspenso por diez años, lo que ha alarmado a la comunidad científica.
Las razones por las que el Ejecutivo se opone a la moratoria han sido detalladas en un documento —firmado por el presidente García el 6 de julio— en el que se señala que una moratoria de cinco años sería suficiente para establecer las ‘redes de filtración’ necesarias para prevenir algunos riesgos asociados con la introducción de los OGM.
El documento da ocho razones adicionales para oponerse a la moratoria. Señala que la evidencia científica ha determinado que los cultivos transgénicos no constituyen una amenaza a la biodiversidad y que la moratoria se opone a todo lo avanzado por la legislación sobre bioseguridad en el Perú.
Afirma que la moratoria evitaría el ingreso y comercialización de vacunas y medicamentos obtenidos con biotecnología, poniendo en peligro el acceso a las medicinas y desalentando la investigación en ingeniería genética.
Jorge Villasante, ministro de Agricultura, señaló a SciDev.Net que "[la moratoria] evidentemente paralizará las investigaciones en biotecnología moderna, con lo cual el acceso de los científicos peruanos a los avances agropecuarios, forestales, acuícolas y medicinales, además de la genética, se verán afectados”.
La decisión del Ejecutivo no fue una sorpresa en la medida que todos los ministros, con la sola excepción del ministro del Ambiente, el científico Antonio Brack-Egg, se oponen a la moratoria.
Sin embargo, los observadores dicen que dada la nueva composición del Congreso que legislará durante el gobierno del próximo presidente Ollanta Humala Tasso probablemente se insistirá por la moratoria.
Algunos científicos del país concuerdan con los ministros en que la ley de moratoria limita la investigación con OGM al confinarla a condiciones controladas de laboratorio.
“La ciencia nuevamente se verá afectada, porque trabajar en ambientes confinados implica que no se podrá evaluar ni el comportamiento, ni los riesgos, ni nada”, dijo a SciDev.Net el profesor de ciencias biológicas de la Universidad Nacional de San Marcos, Rolando Estrada.
“En la práctica ya tenemos una moratoria de más de diez años, lapso en el cual no se ha autorizado ninguna liberación de OGM, ni siquiera en áreas de contención o experimentales y si vamos a esperar 10 años más, va a ser un retroceso enorme no solo para la biotecnología moderna, sino para el desarrollo de la ciencia y tecnología en general, en la que ya estamos bastante rezagados como país”, agregó.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo ha sido duramente criticada por los sectores que se oponen al ingreso de los OGM.
Grupos ambientalistas y del sector agrario, como la Convención Nacional del Agro Peruano y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, vienen convocando a demostraciones públicas de apoyo a la moratoria.
El diario La República dijo en un editorial que la decisión del Ejecutivo era una “terquedad fundamentalista” que va contra el sentir del público y que varias de las nueve razones dadas por el Ejecutivo eran “inventadas”.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental emitió un comunicado público calificando la insistencia en la introducción de semillas transgénicas a la agricultura como “sospechosa”, aludiendo así a las acusaciones de los grupos antitransgénicos de que el gobierno está influenciado por las grandes empresas multinacionales de OGM.
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