Por: Célio Yano
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El gobierno de Ecuador presentó a su Asamblea Nacional una propuesta de enmiendas a la Constitución para proteger de la biopiratería y del robo de conocimientos tradicionales a sus comunidades nativas.
El anuncio (1 de septiembre) ocurre dos meses después de la denuncia pública del presidente Rafael Correa de que investigadores de Estados Unidos habrían extraído y comercializado, sin autorización, muestras de sangre de una comunidad huaorani, que habita el oriente del país.
En el anuncio, René Ramírez, titular de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), dijo que las enmiendas propuestas pretenden dar un carácter de derechos humanos de índole colectivo al conocimiento tradicional y a la biodiversidad, y evitar posibles usos comerciales.
El gobierno no divulgó detalles de las enmiendas propuestas, pero según Ramírez, viabilizarán la generación de mecanismos de prevención, regulación, control y sanción contra la biopiratería.
Las actuales disposiciones no ofrecen a los indígenas mecanismos para ejercer sus derechos sobre sus conocimientos frente a terceros, señaló.
“Ahora no podemos hacer nada al respecto, pues vienen investigadores de afuera se llevan el conocimiento, hacen una innovación y la patentan fuera del país”, dijo.
Para ser incorporadas a la Constitución, las propuestas deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
“Ahora no podemos hacer nada al respecto, pues vienen investigadores de afuera se llevan el conocimiento, hacen una innovación y la patentan fuera del país”
René Ramírez (Senescyt)
En entrevista con el canal estatal Ecuador TV en junio, Ramírez afirmó que las muestras de sangre extraídas a huaoranis sin consentimiento previo y posteriormente comercializadas a investigadores de ocho países, dieron lugar a la publicación de 31 artículos científicos.
Según testimonios de nativos recogidos por la Senescyt en 2012, les extrajeron sangre argumentando que se trataba de un procedimiento médico. La compañía petrolera estadunidense Maxus, que operaba en la región, habría participado de la acción con el envío de brigadas médicas a la Amazonía ecuatoriana, afirmó Ramírez.
El gobierno ecuatoriano acusa el Instituto de Investigaciones Médicas Coriell (Estados Unidos), de ser el destinatario de las muestras, que posteriormente habrían sido vendidas a investigadores de Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, Italia, Japón y Singapur. Una de las instituciones que compró el material fue la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, según la denuncia.
El Instituto Coriell reconoció a SciDev.Net que tuvo en su repositorio muestras de ADN huaorani, pero niega su comercialización. Admite que los investigadores que usan sus muestras tienen que pagar una pequeña tarifa “para costear parcialmente los gastos con propagación de células y extracción y caracterización de ADN”.
El instituto afirma que entre 1994 y 2007, siete cultivos de células y 36 muestras de ADN cultivadas “a partir de una muestra de sangre de un individuo huaorani” fueran entregadas a grupos de investigación.
Asegura que en 2010, tras los cuestionamientos sobre las circunstancias de la recolección del material, las muestras fueron retiradas del repositorio y ya no están disponibles.
SciDev.Net solicitó información a la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y a YPF, petrolera que controla Maxus, pero no obtuvo respuesta a sus requerimientos.
Enlace para el video de la rueda de prensa con el secretario René Ramírez
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