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La lucha contra la biopiratería debe adoptar tanto la ciencia legítima como la justicia social para no perjudicar la biodiversidad.
Desde hace mucho tiempo los científicos han estado involucrados, tanto activa como implícitamente, en las campañas de los países desarrollados para buscar y asegurar los recursos naturales que alimenten la industrialización y mantengan su nivel de vida.
Ese fue el motivo oculto de muchas expediciones ‘científicas’ que buscaban explorar y mapear el centro de África en el siglo XIX. Más recientemente, el estudio de la medicina indígena se ha transformado en una manera costo-efectiva para identificar compuestos químicos activos de plantas que pueden ser valiosos para la medicina moderna.
Inevitablemente, a medida que emergieron las motivaciones comerciales y económicas detrás de esa tipo de empresas ‘científicas’, creció también el resentimiento frente a la percepción de que sólo una parte se veía beneficiada. En respuesta, se han desarrollado fuertes compromisos escritos de hacer cumplir una mayor justicia social. El más influyente de ellos es la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigor en 1993, dando la potestad a los estados, y con ello el control, sobre las plantas y animales dentro de sus fronteras.
Igualmente inevitable, los esfuerzos por implementar esos compromisos frecuentemente han generado protestas de parte de los científicos. Perdieron la libertad que tenían de recolectar, transportar y diseminar las muestras de su investigación a su antojo, y ven en los requisitos para obtener permisos y la aprobación previa, un engorroso papeleo que frecuentemente retrasa proyectos.
Olas de protestas
El reciente encarcelamiento del investigador holandés Marc van Roosmalen, quien ha trabajado en la selva brasileña desde hace más de 20 años y cuyo trabajo ha ayudado a identificar nuevas especies de primates, ha sido el centro del enojo de los científicos (ver Scientists threaten strike over jailing of primatologist).
Previamente, Van Roosmalen trabajó en el Instituto Nacional para la Investigación del Amazonas en Manaos, en el corazón de la Amazonia, pero ahora dirige su propio centro de investigación privado. En junio fue sentenciado a casi 16 años de prisión por infringir las leyes creadas para proteger el tesoro oculto de recursos naturales de Brasil.
Su tratamiento disparó una ola de protestas de científicos, tanto en Brasil y, eventualmente, a nivel internacional. Para muchos de ellos, el caso simboliza lo que consideran como la victimización injusta de la comunidad científica por aquellos que buscan preservar los ambientes naturales a cualquier precio.
La Asociación de Científicos para Biología Tropical y la Conservación, por ejemplo, describió oficialmente el tratamiento que recibió van Roosmalen como un “ataque a la práctica y a la profesión de los biólogos” respaldado por el gobierno, y pidió su liberación inmediata. La Corte Suprema liberó provisionalmente a van Roosmalen el mes pasado.
Lo bueno y lo malo
Sin embargo, el caso van Roosmalen es más complejo de lo que inicialmente parecía. Primero, el investigador tuvo que enfrentar cargo de “apropiación indebida” por su decisión de ofrecer a sus donantes la oportunidad de asociar su nombre a especies recién descubiertas – una práctica que, aunque fue ampliamente usada en el pasado, ahora es cuestionada incluso dentro de la misma comunidad científica.
Está claro que bajo la ley brasileña, van Roosmalen debería haber solicitado permiso para capturar y conservar algunos de los animales que usó para investigación. Su frustración sobre el largo procedimiento que suponía obtener ese permiso es entendible, pero sin ese aval, sus experimentos se hicieron ilegalmente.
Pero se cree que muchos otros científicos, igualmente frustrados, recolectan muestras sin autorización y no enfrentan acciones legales. De hecho, algunos de los defensores de van Roosmalen culpan su condena a que su alto perfil choca con terratenientes políticamente influyentes sobre campañas para salvar la selva tropical amazónica, más que con quienes supervisan la protección de la biodiversidad local.
Si hubo o no una indebida influencia política, está claro que los reguladores en Brasil, y en cualquier lugar, no obtienen los recursos humanos ni financieros necesarios para llevar adelante su tarea eficientemente. El resultado más obvio ha sido los largos retrasos para conseguir los permisos para experimentos, lo que ha dejado frustrados a ambos bandos.
Álgida discusión
Los científicos pueden argumentar legítimamente que los retrasos son costosos para su investigación, y que ellos mismos podrían contribuir a la formulación de políticas nacionales, leyes y regulaciones que concreten los compromisos de la CDB.
Pero cuando defienden sus propios intereses a nombre de la libertad para la investigación científica, su caso se debilita por la mala conducta de sus predecesores, y ocasionalmente de sus pares, cuyo abuso de esa libertad ha contribuido a crear la actual situación (ver Developing nations ‘need genetic resources rules’).
Los conservacionistas también tienen su posición cuando defienden a la CDB, y sus regulaciones, como armas esenciales en la lucha por conservar la flora y fauna nativa. Pero usualmente los reclamos sobre quién tiene derecho a ‘poseer’ ese material son más complejos de lo que los activistas creen. Es necesario reconocer que una base científica saludable es esencial para su propia causa (ver Ownership squabbles ‘hindering’ conservation).
Evitando las situaciones donde todos pierden
Afortunadamente, la situación ha mejorado de manera significativa desde mediados de la década del noventa cuando, después de firmada la CDB, hubo un congelamiento virtual de las colaboraciones entre biólogos en los países desarrollados y aquellos en países como Brasil. Las negociaciones más cuidadosas han conducido a pautas efectivas -como por ejemplo, compartir muestras- que demuestran que es posible un arreglo.
Pero aún hay muchas tensiones y desconfianza, como lo demuestran los intensos sentimientos que emergieron con el caso van Roosmalen. Por eso, tanto los científicos como los conservacionistas, particularmente los más ‘activistas’ entre estos últimos, deben recordar que comparten un interés común a largo plazo sobre los mecanismos que protegen la biodiversidad y que son diseñados con sensibilidad y aplicados con efectividad.
Nadie gana cuando las regulaciones son tan ignoradas como aplicadas con demasiado celo, independientemente de la supuesta justificación.
David Dickson
Director, SciDev.Net
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