Por: María Elena Hurtado
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La biodiversidad seguirá disminuyendo si protegerla no es una prioridad política, dice María Elena Hurtado.
En junio pasado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Senado el proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Áreas Protegidas[1] el cual concentrará el manejo y las iniciativas de biodiversidad de su país.
El sistema de gestión se adecua a las características y necesidades chilenas tal como lo hacen los de los demás países de América Latina y el Caribe – la región con más biodiversidad del planeta.
Todos ellos enfrentan los mismos retos para la conservación del hábitat. Los ecosistemas terrestres están siendo destruidos para dar paso a grandes extensiones de cultivos de exportación como la soya, la madera o los biocombustibles.
En las costas y en el mar las presiones vienen del turismo, la expansión urbana no planificada, la contaminación de las zonas costeras y la acuicultura.
Los países latinoamericanos y caribeños han hecho y siguen haciendo grandes esfuerzos para dar protección jurídica a los ecosistemas y especies silvestres mediante leyes generales o sectoriales predicadas en los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB)[2].
Reflejo de ello es que el 20 por ciento de la superficie terrestre del continente está bajo regímenes de protección, comparado con 13 por ciento promedio en otras regiones en desarrollo.
Las comunidades locales e indígenas son mayormente incluidas en el manejo de los recursos naturales, lo que hace que las estrategias sean más realistas, más informadas y tengan más apoyo ciudadano.
Colombia moviliza a comunidades que viven cerca de zonas protegidas para que preserven y restauren los terrenos.[3] Costa Rica tiene un sistema similar[4]. En Panamá, grupos indígenas participan en la administración de la parte panameña del Corredor Biológico Mesoamericano[5].
América Latina también se destaca internacionalmente por sus novedosas formas de costear la conservación:
Costa Rica, Brasil y México pagan a los propietarios por servicios ambientales, tales como conservar los bosques[6]. En Perú, grupos locales y ONG administran alguna de las 63 áreas protegidas si igualan o superan los recursos que pone el gobierno.
En Colombia, las empresas que tienen proyectos mineros, de hidrocarburos, infraestructura o energía deben proteger dos a diez hectáreas en un ecosistema equivalente.
Grandes desafíos
¿Por qué entonces hay tanta pérdida de biodiversidad y extinción constante de especies en nuestro continente, tantos suelos degradados, tantos bosques en peligro de desaparecer?
Primero, faltan recursos para financiar las estrategias de protección de la biodiversidad, crear capacidades y desarrollar los conocimientos científicos necesarios.
Los gobiernos de América Latina asignan a áreas protegidas un uno por ciento de los recursos destinados al medioambiente, lo que equivale a un promedio de US$1,18 por hectárea. Esta cifra cubre sólo el 54 por ciento de las necesidades básicas, según un estudio del Banco Mundial[7].
“Las presiones sociales y económicas también explican el deterioro progresivo de la biodiversidad en América Latina a pesar de los esfuerzos realizados”.
María Elena Hurtado
Los que pueden recurren al financiamiento de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo; de agencias de cooperación de países desarrollados y de ONG dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Un experto colombiano me dijo que el presupuesto de conservación en su país es tan insuficiente que, por ejemplo, entre 2002 y 2012 se duplicó el número de especies de agua dulce en peligro, que son apenas una de 1.700 especies clasificadas como amenazadas.
México también ha declarado que la falta de recursos es uno de los mayores obstáculos para la implementación de sus planes de protección de la biodiversidad[8].
Los organismos públicos muchas veces no tienen cómo hacer investigaciones para respaldar, monitorear o evaluar políticas de protección de la biodiversidad. En Colombia, por ejemplo, el 68 por ciento de la investigación en el área se está haciendo en las universidades.
Incluso en Costa Rica, uno de los países más avanzados en el continente en materia de conservación, faltan estudios científicos y muchas de sus decisiones no son informadas debido a que el financiamiento escasea.
El problema se agudiza cuando, por falta de comunicación, los tomadores de decisiones no solicitan las investigaciones que se requerirían y los recursos, que son escasos, no se priorizan.
La falta de inventarios de especies y datos cronológicos confiables y sistemáticos sobre el estado de los ecosistemas es otra razón por la que el deterioro de la biodiversidad continúa en Latinoamérica.
Esto se suma a que muchos países carecen de metas específicas con fecha de cumplimiento. Sin ellas no es posible saber si se está avanzando o cuánto se ha avanzado.
Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela están entre un puñado de países latinoamericanos que han ajustado sus estrategias al nuevo Plan de Acción 2011-2020 de la CDB conocido como Metas Aichi, lo que los ha obligado a ponerse metas y plazos.
La actual política colombiana para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos incluye metas como la de delimitar este año 1,186.343 hectáreas de páramo y humedales a escala adecuada[9].
Solo Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras y Uruguay han presentado el Quinto Informe Nacional para la CDB que todos los miembros de la CDB se comprometieron a entregar el 31 de marzo pasado.
Hacer el informe ayudó a Ecuador a determinar que no lograría cumplir Metas Aichi tales como proteger los corales y otros ecosistemas vulnerables para el 2015 y prevenir la extinción de las especies en peligro conocidas y mantener la diversidad genética de especies valiosas para 2020[10].
Las presiones sociales y económicas también explican el deterioro progresivo de la biodiversidad en América Latina a pesar de los esfuerzos realizados:
Campesinos y agricultores que despejan terrenos para producir alimentos o animales; empresas forestales que talan árboles para comercializar la madera; inversionistas u organismos del Estado que explotan minas o instalan plantas eléctricas en áreas de gran diversidad; traficantes ilegales de especies.
Pienso que aunque los gobiernos consigan recursos suficientes para invertir en protección de la biodiversidad poco cambiará si el tema continúa relegado al final de la agenda política de los gobiernos.
Los países de la región le asignarán más importancia a la biodiversidad si desde los tomadores de decisiones hasta el último ciudadano se convence de que la biodiversidad es una tremenda riqueza social y económica.
Un compromiso social a todos los niveles para lograr un futuro sostenible ayudaría a los poderes del Estado a no ceder frente a los intereses económicos tal como sucedió en Brasil con la reforma para mal del código forestal por presiones empresariales, sobre todo de la agroindustria.
Solo la voz potente de ciudadanos que saben que la protección del equilibrio ecológico influye en su calidad de vida, la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos logrará reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover su uso sustentable en América Latina.
La periodista María Elena Hurtado, basada en Santiago, Chile, se especializa en tendencias, innovaciones y políticas de ciencia y tecnología, desarrollo y educación en América Latina y el mundo. Escribe para SciDev.Net y otros medios digitales.
References
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